Reforma al Código de Tránsito en Colombia: entre la rigidez normativa, el bolsillo del ciudadano y los estándares internacionales

1. Historia y antecedentes del estatuto de tránsito

El marco regulatorio del tránsito en Colombia ha tenido como eje central el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), norma que reemplazó regulaciones obsoletas del siglo XX para adaptarlas al rápido crecimiento del parque automotor y de la infraestructura vial del país.

Previo a 2002, las normas de tránsito sufrían de una alta dispersión y desactualización normativa. La Ley 769 buscó unificar criterios, formalizar la expedición de licencias de conducción, implementar la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) obligatoria, y crear plataformas tecnológicas de control centralizado como el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

A lo largo de más de dos décadas, esta ley ha recibido múltiples modificaciones parciales, convirtiéndose en un entramado regulatorio complejo que busca equilibrar la seguridad vial con el flujo vehicular.

2. Impacto para los conductores

El Estatuto de Tránsito vigente afecta diariamente el bolsillo, la movilidad y los derechos procesales de los ciudadanos:

• Carga económica severa: El costo de los trámites (expedición/renovación de licencias, certificados de aptitud física, RTM) y el monto de las sanciones financieras representan un porcentaje elevado frente al salario mínimo legal vigente.

• Acumulación desproporcionada de costos indirectos: El traslado de vehículos a patios y el servicio de grúas impone cobros diarios que, en muchos casos, superan el valor comercial del propio vehículo o el valor original de la sanción.

• Complejidad de trámites y burocracia: Múltiples revalidaciones, exámenes médicos repetitivos y duplicidad de requisitos ante Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) imponen sobrecostos de tiempo y dinero a los conductores.

3. Normas más controvertidas o contraproducentes

Varias disposiciones del sistema actual han generado rechazo social e ineficiencia institucional:

1. El modelo de Fotodetección y las "Cámaras Trampa": Aunque la Corte Constitucional ha determinado que la responsabilidad debe ser personal e individual para sancionar al infractor real, el uso de cámaras de fotomultas en puntos estratégicos ha derivado en reclamos por falta de notificación oportuna, afán recaudatorio y vacíos en la debida diligencia procesal.

2. Esquema de patios y grúas: La tarifa diaria por parqueadero y la tarifa fija de grúa convierten faltas menores en deudas insostenibles, incentivando el abandono de vehículos en los parqueaderos autorizados.

3. Rigidez e inflexibilidad en la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) y Licencias: Prazos de renovación anuales para vehículos de cierta antigüedad o trámites engorrosos de recategorización que no consideran el historial o la experiencia de manejo del conductor.

4. Enfoque puramente punitivo-monetario: El sistema sancionatorio se enfoca en el cobro en dinero en lugar de la reeducación vial o la suspensión efectiva de la facultad de conducir a infractores recurrentes.

4. ¿Qué se necesita para mejorar el sistema?

Expertos en movilidad y seguridad vial señalan la necesidad de una transformación estructural basada en los siguientes pilares:

• Implementación de la Licencia por Puntos: Sustituir o complementar el castigo económico por un sistema de puntos asociados a la licencia, donde la acumulación de infracciones severas resulte en la suspensión automática o cancelación del pase de conducción.

• Digitalización y simplificación administrativa: Unificación de registros e historial del conductor sin cobros intermediarios ni duplicidad de exámenes médicos.

• Infraestructura y señalización antes que sanción: Asegurar que los límites de velocidad y la señalización respondan a criterios técnicos de ingeniería de vías y no a trampas de velocidad de carácter recaudatorio.

• Enfoque de "Sistema Seguro": Priorizar la educación vial, la tolerancia del error humano en las vías y la protección activa del peatón y del ciclista.

5. La propuesta de reforma del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno nacional liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, junto con su ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha anunciado la radicación de un nuevo Código Nacional de Tránsito con un enfoque de desregulación y alivio económico:

• Rebaja generalizada de cobros: Reducción de las tarifas en multas de tránsito, cursos pedagógicos, trámite de licencias de conducción y servicios de patios y grúas.

• Ampliación de vigencias: Establecimiento de plazos más extensos y razonables para la renovación de las licencias de conducción y la Revisión Técnico-Mecánica.

• Intervención al sistema de fotomultas: Revisión estricta y eliminación de las denominadas "cámaras trampa", regulando los criterios técnicos de instalación para evitar abusos monetarios por parte de concesiones o municipios.

• Límites estrictos en seguridad vial: El Gobierno aclaró que la reducción de costos no implicará permisividad frente a conductas de alto riesgo. Se mantendrá una postura de cero tolerancia y sanciones severas frente a la conducción bajo el efecto del alcohol o drogas, el exceso grave de velocidad y la omisión de elementos de protección obligatorios (casco y cinturón).

6. Comparación con otros países de la OCDE

Al comparar el sistema de tránsito colombiano con los estándares de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacan marcadas diferencias: